En el marco de la rehabilitación posbélica, la reconciliación es un proceso de la propia sociedad afectada por la guerra que implica el reconocimiento mutuo de los daños causados, el arrepentimiento y compromiso a no repetirlos, la reparación de agravios pasados (aunque no la venganza), la superación de los traumas, la creación de unas nuevas relaciones sociales y, en definitiva, un cambio en las percepciones mutuas y las actitudes hacia el otro. Por consiguiente, requiere un tránsito desde los sentimientos de desconfianza, hostilidad y odio hacia los de respeto, confianza, solidaridad, armonía, participación y desarrollo compartido (Bennett y Kayetisi-Blewitt, 1996:42).

Tras el fin de los conflictos civiles, que representa la gran mayoría de las guerras actuales, la construcción de la paz exige como fin último la reconciliación. Este objetivo va más allá de la mera firma de un acuerdo de paz y de la celebración de unas elecciones multipartidistas, importantes pero no suficientes para superar la mentalidad de confrontación.

Según Lederach (1998:52-4,63), dado que las causas de tales conflictos internos tienen que ver con una historia acumulada de agravios, enemistades, estereotipos, miedos y otras percepciones subjetivas por parte de los diferentes grupos, el proceso de construcción de la paz no puede descansar en procesos mécanicos y racionales para la transformación del conflicto, ni en las actividades y marcos tradicionales de la diplomacia de Estado. La construcción de la paz debe basarse en las “realidades subjetivas y empíricas” que determinan las necesidades y expectativas de las personas, respondiendo a sus necesidades. Esto requiere un cambio paradigmático, esto es, no centrarse tanto en la resolución de materias conflictivas, sino más bien en la reconstrucción de las relaciones sociales entre los antagonistas. Así, los conflictos actuales exigen analizar no sólo asuntos e intereses sustantivos, sino también ocuparse de los aspectos subjetivos, sicológicos y emocionales, como las percepciones, miedos, odios y otros sentimientos arraigados. De este modo, la reconciliación exige crear un tiempo y un espacio para que la población aborde, asuma e integre su doloroso pasado y su futuro compartido, pudiendo así enfrentarse al presente.

Por otro lado, para que la reconciliación, al igual que la reconstrucción, tenga plenas posibilidades y se evite el riesgo de retorno a la violencia, tendría que estar ligada a una tercera “r”, la de la resolución de las causas profundas del conflicto. Ninguna de las tres puede prescindir de las demás, pues todas se necesitan y complementan. Si se llevan a cabo sólo la reconstrucción del país y la reconciliación social, pero no se resuelven los conflictos subyacentes, éstos perdurarán como una herida superficialmente curada, que puede abrirse de nuevo ante un cambio de circunstancias. Se requiere por tanto una adecuada atención a problemas como los derivados de la estructura de la propiedad de la tierra, las diferencias tradicionales entre etnias o regiones o las diferencias sociales acusadas.

La reconciliación es un objetivo transversal que debería inspirar todas las políticas públicas y los programas de desarrollo, a fin de superar las tensiones causantes o resultantes del conflicto. Así, la reconciliación requiere avanzar en los múltiples campos que conforman la denominada seguridad humana, esto es, el desarrollo humano sostenible, el bienestar socioeconómico, la seguridad física, la democracia participativa (reforzando el tejido social y asociativo), el respeto a los derechos humanos (por ejemplo mediante programas de sensibilización), la no discriminación de minorías, el buen gobierno, etc.

Un objetivo prioritario consiste en corregir los desequilibrios entre los diferentes grupos étnicos, regionales o religiosos con relación a sus oportunidades políticas y socioeconómicas. Para ello, en primer lugar, es preciso que las políticas públicas beneficien a toda la población, y que el gobierno no privilegie a las comunidades étnicas que le apoyan ni discrimine a las que sustentaron al enemigo. La cohesión de la población dividida sólo será viable si se garantiza que todas las comunidades se beneficien de los programas de desarrollo y que sus representantes sean consultados.

En este sentido, determinados criterios a la hora de planificar las acciones de rehabilitación pueden contribuir a la reconciliación. Por ejemplo, pueden diseñarse de tal forma que su puesta en marcha requiera la colaboración de los grupos antes en guerra, que los beneficios lleguen a los sectores vulnerables por encima de las facciones, o que se prioricen intereses generales en lugar de los muy locales o particulares.

Por otro lado, pueden realizarse diversos tipos de intervenciones directamente orientadas a mitigar las tensiones étnicas o de otro tipo. Por ejemplo, existen experiencias de programas basados en técnicas de reconciliación comunitaria guiados por profesionales imparciales, apoyados por la cooperación internacional. Es también de reseñar el Programa de Cultura de la Paz, de la unesco, desarrollado en países como El Salvador y Mozambique, orientado a contribuir a los procesos de paz desde la dimensión educativa y cultural, promoviendo la idea de una ciudadanía democrática y priorizando la atención a los sectores vulnerables y la creación de capacidades locales.

Del mismo modo, puede ser útil priorizar la reconstrucción de infraestructuras viarias que faciliten la comunicación entre las comunidades, o la reconstrucción de monumentos con un fuerte simbolismo compartido que subrayen la vida en común de los diferentes grupos. Igualmente, se debe promover que personas (sobre todo excombatientes tras su desmovilización) de diferentes bandos participen conjuntamente en los mismos trabajos de reconstrucción de infraestructuras, cursos de formación o proyectos como los de creación de microempresas (esto último experimentado con éxito en Centroamérica).

A este respecto, aunque la reconciliación es un proceso interno que no puede imponerse, la ayuda exterior puede contribuir tanto a aliviar las tensiones entre los antiguos contendientes como a exacerbarlas. Esto depende de la forma en que se planifique y distribuya, y de la relación que se establezca con cada una de las partes. En efecto, la lucha por controlar la ayuda puede ser causa de enfrentamiento. Si se canaliza a través de los ganadores (en el caso de que los haya habido), contribuye a consolidar el dominio de éstos sobre los demás grupos. Por otro lado, cuando se proporciona a todas las facciones pero mediante acuerdos separados y paralelos, se crea una situación en la que aquéllas se sienten en competencia mutua para captarla. Sin embargo, la ayuda internacional puede constituir un aporte decisivo a la reconciliación si promueve la cooperación entre las diferentes facciones y que proporcione beneficios a todas las partes.

Por otro lado, los procesos de reconciliación vienen muy marcados por dos factores: la posibilidad de esclarecimiento de la verdad y de ejercer justicia.

De este modo, un elemento esencial en las políticas de reconciliación suele consistir en el establecimiento de algún proceso o mecanismo para el conocimiento público de la verdad, sin el cual es difícil que se logre una paz duradera. Este proceso, sin embargo, es difícil de poner en marcha tras las actuales emergencias complejas, dado que su naturaleza multicausal hace que resulte complicado acordar los términos del mismo, e incluso alcanzar un acuerdo de paz (Pankhurst, 1999:244).

Cuando se lleva a cabo, un medio habitual suele ser la creación de una Comisión Nacional de la Verdad, de las que suelen formar parte diversos actores nacionales y a veces internacionales. Sus funciones consisten en recoger y registrar informaciones sobre violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario (tarea a la que pueden contribuir las ong[ONG, Redes de, ONG (Organización NoGubernamental)] locales); realizar una investigación independiente para la verificación de los casos; hacer público un informe dando cuenta de los mismos y de sus responsables (a veces, aunque no siempre, a fin de perseguirlos judicialmente); y emitir recomendaciones al gobierno, parlamento y otras instituciones sobre la creación de una legislación de derechos humanos y de programas de sensibilización sobre ellos. Estas comisiones, u otras paralelas, también se ocupan de determinar la compensación a las víctimas, así como a veces de determinar los términos en los que se puede conceder una amnistía a cambio de confesión y perdón, como hizo la comisión establecida en Sudáfrica (Pankhurst, 1999:245).

En algunos países, las comisiones han contribuido de forma efectiva a la reconciliación, gracias a la existencia de un fuerte consenso político a favor del cambio político, como ha ocurrido en Sudáfrica con el fin del apartheid. Pero, en otros países, las esperanzas que despertaron se vieron pronto frustradas, como ocurrió en El Salvador con la promulgación de una amnistía. En la mayoría de los casos esas comisiones han trabajado en contextos en los que los antiguos victimarios mantenían una fuerte influencia sobre el proceso político y podían amenazarlo. Así, el arrinconamiento de las comisiones o de su trabajo pueden dar lugar a una falsa reconciliación (Martín, 2000:12-3).

Como vemos, la actuación de las comisiones de esclarecimiento de la verdad pone encima de la mesa la cuestión del ejercicio de la justicia. En este sentido, se suscita a veces el dilema entre, por un lado, la persecución y el castigo de los responsables de las violaciones de derechos humanos, y, por otro, la amnistía y el olvido. En este sentido, hacer justicia resulta materialmente difícil cuando los victimarios constituyen una gran parte de la población (Ruanda), o cuando se ha alcanzado un acuerdo que pasa por la integración de parte de ellos en el sistema democrático (la guerrilla Renamo en Mozambique).

Sin embargo, también es cierto que si no se establece ningún marco de responsabilidades por los abusos cometidos, y éstos pasan impunes, resulta difícil implantar normas de conducta política que desalienten su repetición en el futuro. En este sentido, Martín Beristain (2000:21) señala que la impunidad, derivada de las leyes de amnistía o de obediencia debida, plantea diversos obstáculos a la reconciliación: genera dudas y miedo respecto al proceso democrático, destruye la posibilidad de reconstruir unas relaciones sociales basadas en la ética, institucionaliza la mentira y el olvido de las víctimas, alienta que la gente busque la justicia por su cuenta, estimula la realización de nuevos delitos, reduce las posibilidades de duelo y de superación de los traumas, y, en suma, limita la comunicación efectiva entre los ciudadanos y las posibilidades de reconciliarse.

Por otro lado, los investigadores y los donantes internacionales vienen prestando creciente atención a diferentes mecanismos sociales y culturales tradicionales que pueden ayudar a la superación del trauma postconflicto, la reconciliación y la recuperación del tejido social. En países como Mozambique, diferentes rituales de purificación y otros mecanismos para la sanación de los afectados por la guerra han sido desarrollados por las religiones (cristiana, musulmana o tradicionales), los curanderos, las instituciones comunitarias, los líderes comunitarios o la familia extendida. La población rural de ese país cree que los efectos de los malos espíritus y de los traumas dejados por la violencia son curables por prácticas religiosas y rituales que incluyen el aislamiento de las personas durante varios días, los tratamientos con hierbas y pócimas, o la comunicación con los espíritus y los ancestros (Muchenga, 1997: 485). Tales ritos han contribuido a aliviar tensiones, y a facilitar la reintegración de refugiados y desplazados, de soldados acogidos a programas de desmovilización y de niños soldado en sus comunidades de origen.

Además, en países como Ruanda y Sudáfrica se han recuperado instituciones sociales tradicionales o se han establecido otras nuevas, que sirven para la mediación y la reducción de las tensiones entre comunidades. Muchos donantes están prestándoles atención como instrumento para promover la reconciliación. Aunque reconoce que la ayuda externa puede ser constructiva, Pankhurst (1999:246-7,255) advierte que ésta puede plantear varios problemas: a) tales instituciones y prácticas son reflejo de las estructuras de poder locales, que no se basan necesariamente en principios igualitarios; b) su financiación por donantes externos puede distorsionar su contenido y resultar perjudiciales, si no se conoce y comprende bien el entorno y la política local (por ejemplo, en Somalia algunos señores de la guerra y jefes de clan se beneficiaron de tales ayudas para reforzar su poder); c) muchas veces la ayuda externa pretende que tales organizaciones tengan resultados rápidos, algo peligroso dado que la reconciliación es siempre un proceso lento y local, que puede ser apoyado pero no forzado ni acelerado desde el exterior. K. P., con M. A.