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Niños soldadoKarlos Pérez de ArmiñoPersonas menores de 18 años enroladas en un ejército regular o en cualquier tipo de organización armada irregular, incluyendo no sólo a los que portan armas, sino también a los que realizan otro tipo de funciones (intendencia, porteadores, esclavas sexuales, etc.). Es difícil conocer la cifra exacta de niños soldados en el mundo, en buena parte porque los gobiernos y grupos armados son reacios a proporcionarlas por razones de imagen. Además, las estimaciones realizadas varían en función de cuál sea la edad asumida como umbral para delimitar este grupo. Según unicef (1996:14), en 1988 había unos 200.000 combatientes menores de 16 años. En el año 2000, la ONG británica Save The Children habla de 300.000 niños soldado. Según el boletín periódico Children of War (1996, nº 5), de la ONG Save the Children de Suecia, en 1996 se pudo constatar la existencia de combatientes menores de 18 años en 33 conflictos (la cifra real es seguramente mayor), al tiempo que en 26 de ellos había niños de menos de 15 años, que es la edad mínima para participar en hostilidades según estipula actualmente la legislación internacional. Los niños soldado han sido utilizados recientemente, por gobiernos o por grupos insurgentes, en conflictos como los de Afganistán, Birmania, Camboya, Colombia, Guatemala, Liberia, Sudán o Turquía. Las dimensiones del problema se han venido incrementando en los últimos tiempos como consecuencia de al menos dos factores. Por un lado, la proliferación de conflictos civiles, frecuentemente de raíz étnica, en los que la propia población es el objetivo militar y las figuras del civil y del soldado son difíciles de distinguir. Por otro, la proliferación de armas automáticas ligeras, como los fusiles de asalto AK-47 y los M-16, fácilmente manejables por los niños. La problemática de los niños soldado ha estado tradicionalmente oculta. Así, su reintegración social ha recibido habitualmente una escasa atención en los procesos de rehabilitación posbélica, en gran medida debido a que el tema suele ignorarse en los acuerdos de paz, si éstos existen, lo cual les priva de los beneficios materiales que puedan obtener los ex soldados adultos (ver desmovilización). Sin embargo, el problema ha comenzado a recibir una creciente atención internacional en los últimos años, en gran parte gracias a un Informe sobre el tema encargado en 1993 por el Secretario General de NN.UU., elaborado bajo la dirección de Graça Machel (1996), viuda del primer presidente de Mozambique y antigua ministra de educación de este país, y publicado por Save the Children de Suecia (Brett y Mccallin, 1996). Entre las recomendaciones de dicho Informe destacaban la de lanzar una campaña global contra la utilización de niños soldado menores de 18 años, la de utilizar la persuasión diplomática para alentar la desmovilización de los niños soldado y la de adoptar un Protocolo Opcional a la Convención sobre los Derechos del Niño, que mencionaremos más adelante, a fin de elevar la edad de reclutamiento a las fuerzas armadas a los 18 años. Tras la presentación del informe en 1996 a la Asamblea General, ésta comenzó a considerar la aprobación de una resolución sobre los derechos de los niños, contemplando el nombramiento, realizado en 1997 en la persona del Sr. Olara Otunnu, de un Representante Especial de Naciones Unidas sobre los Niños y Conflictos Armados, que actuaría bajo el Secretario General y en coordinación estrecha con UNICEF y el acnur, y que debería recoger información y elaborar informes anuales. Por su parte, diferentes agencias, sobre todo UNICEF, y ONG internacionales y locales vienen desarrollando campañas de sensibilización internacional al respecto, así como programas para ayudar a su reintegración social. Las razones por las que los niños se hacen soldados son diversas. A veces se enrolan voluntariamente, por motivaciones identitarias o ideológicas, mientras en otras ocasiones son capturados y forzados a hacerlo. Pero el caso más frecuente es el de niños de las propias zonas en conflicto que han perdido su familia (padres muertos o separados, huidos, reclutados, etc.) y que persiguen cierta seguridad económica y física. La mayoría se incorporan como un medio de afrontar la miseria, ya que suelen pertenecer a capas pobres y marginales, y carecen de formación; y como búsqueda también de un entorno protector, sobre todo cuando han sido objeto de malos tratos por parte del ejército, sus padres han sido muertos o sus hogares destruidos (Breet y Mccallin, 1996:10). Los niños suelen ser utilizados como vigilantes, mensajeros, espías, desminadores, pero también como combatientes en sí. Las niñas, además de realizar esas funciones, suelen ser empleadas en tareas domésticas y, sobre todo, son objeto de violencia y esclavitud sexual, lo que les hace muy vulnerable a las enfermedades de transmision sexual, como el sida, y a los embarazos precoces. Los niños soldado suelen ser sometidos a un trato cruel y degradante, incluyendo torturas y violaciones, que comienza ya con los ritos de iniciación: palizas, obligación de presenciar o cometer atrocidades, como ejecuciones (incluyendo a veces las de sus propios padres), amputaciones o prácticas de canibalismo. El objetivo es humillarles para demostrar su subordinación, brutalizarles y adoctrinarles para que sean capaces de destruir, torturar o matar. Parece haberse demostrado que, después de este proceso y en condiciones de intimidación, los niños son más obedientes que los adultos ante las órdenes para cometer atrocidades. Las experiencias traumáticas de los niños soldado (ver estrés postraumático), más aún al ser vividas separados de su familia y en plena etapa de maduración, suelen provocarles diferentes trastornos sicológicos y de la personalidad: miedo, insensibilidad, desconfianza y dificultades de relación, baja autoestima, depresión, etc. El sometimiento a la férrea disciplina militar puede haberles conformado como personas dependientes de estructuras autoritarias, carentes de elementos de autocontrol y agresivas. A veces sufren también graves secuelas físicas (lesiones, amputaciones, enfermedades, adicción a las drogas, etc.), que pueden dificultarles el desempeño de una actividad económica así como, en la medida en que representan una carga, su reintegración en la familia o la comunidad. Otra limitación, sobre todo de los que fueron reclutados muy jóvenes, es su falta de cualificaciones civiles y laborales: no han acudido a la escuela, e incluso no han llegado a aprender las técnicas agrícolas o de otras actividades tradicionales para ganarse la vida. En estas condiciones, ante la falta de oportunidades laborales, y habituados a la violencia, con frecuencia su salida natural es la calle, la prostitución y la delincuencia. Su reintegración social debe entenderse como un proceso de reincorporación a sus familias y comunidades. Para ello es preciso desarrollar programas orientados, primero, a la localización y reunificación familiar, y, después, al apoyo a la integración. Estos últimos requieren un análisis previo de las necesidades específicas de los niños según diferentes factores (experiencias sufridas, edad, género, tiempo como soldados, edad de reclutamiento), así como un estudio de las posibilidades socioeconómicas de la familia y comunidad de origen para garantizarles un sustento. Ahora bien, los niños pueden ser reticentes a volver con sus familias, debido al apego a su identidad de soldados y la notoriedad social que les proporciona, la consideración del grupo armado como protector y sostén, el miedo a represalias por haber cometido crueldades contra su familia o comunidad, o la reticencia a someterse a las estructuras familiares. Por su parte, también la familia o la comunidad pueden ser reacias a acogerles, por su actitud violenta o criminal, sus discapacidades físicas o enfermedades, o la falta de medios para mantenerles. Estas dificultades plantean el dilema de cuál es la estrategia de reintegración más adecuada. Diferentes estudios (Ressler et al., 1993; Brett y Mccallin, 1996:161) subrayan que la creación de instituciones especiales (tipo orfanato o internado) para su acogida no constituye una respuesta satisfactoria, al menos en términos generales: aunque garantizan sus necesidades materiales, difícilmente son capaces de proporcionarles la atención individual que precisan, sobre todo a los afectados por experiencias traumáticas. En ocasiones, tales centros pueden dificultar el rastreo y reunificación familiar, así como aislar a los niños del resto de la sociedad. También se critica su alto coste, concentrando muchos recursos en un número pequeño de niños. Por esa razón, UNICEF y diversas ONG han experimentado un enfoque alternativo para la reintegración, basado en promover el apoyo a los niños soldado (y otros, como los niños de la calle) desde su propia familia y comunidad, evitando su aislamiento y estigmatización. Asume que, más que una asistencia terapéutica profesional centrada en los traumas sicológicos, los programas deben orientarse hacia el alivio de la pobreza de las familias y comunidades, el refuerzo de sus mecanismos tradicionales de reinserción, la sensibilización sobre las necesidades de los niños, y la orientación y apoyo para la acogida (Brett y Mccallin, 1996). Para los niños que carezcan de familia o no puedan reunirse con ella, se propone como mejor alternativa la inserción en una familia sustitutoria, mecanismo que ofrece varias ventajas: es respetuoso con la cultura local, es menos costoso y permite orientar los recursos de los programas hacia la mejora del conjunto de la comunidad. Entre los principales elementos que contribuyen a la reintegración figuran: la escolarización, que ayuda a desarrollar en ellos un sentimiento de normalidad y pautas de convivencia y responsabilidad; la formación profesional, para incrementar sus oportunidades de empleo, y la contribución al trabajo productivo de la familia, que facilita una buena acogida por parte de ésta. Existen varios instrumentos jurídicos internacionales aplicables a la protección de los niños soldado. Los primeros en ocuparse de ellos fueron los Protocolos Adicionales a la Cuarta Convención de Ginebra de 1977 (ver derecho internacional humanitario), que incluyen en varias disposiciones sobre la protección en las guerras de los niños en general: respeto por los combatientes del paso de alimentos, medicinas y vestido para los niños; protección contra toda forma de agresión sexual; ayuda a los niños separados de sus familias; prohibición de sufrir ataques o violencia (al igual que el resto de los civiles), etc. Posteriormente, en 1989, se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 (ver derechos de la infancia). Su artículo 39 se refiere a la necesidad de recuperación física y sicológica y de reintegración social de los niños afectados por los conflictos. Igualmente, el artículo 38 urge a los gobiernos a “asegurar la protección y el cuidado de los niños y niñas afectadas por un conflicto armado”, al tiempo que establece que los Estados Partes deben evitar el reclutamiento por sus fuerzas armadas de personas menores de 15 años, y que, a la hora de reclutar personas que hayan cumplido los 15 años pero no los 18, deberán intentar priorizar a los de mayor edad. El tema de la edad mínima para el reclutamiento fue un importante motivo de controversia ya durante la discusión de la Convención, y lo sigue siendo. Muchas ONG y gobiernos, así como UNICEF, estiman que la edad mínima de reclutamiento situada en los 15 años (por el art. 38 de la Convención) es demasiado baja, y propugnan que se eleve a los 18 años. Para afrontar el problema, las Naciones Unidas crearon en 1994 un grupo de trabajo para la elaboración de un Protocolo Adicional a la Convención que prohíba el reclutamiento de los menores de 18 años. Después de haberse celebrado varios periodos de sesiones, la confección de dicho Protocolo ha sido imposible debido a la oposición de países como EE.UU., Cuba, China, Pakistán o Irak, contrarios a la citada elevación de la edad mínima (Gómez Isa, 2000). Existe consenso respecto a que los 18 años sea la edad mínima para el reclutamiento forzoso, pero no para el reclutamiento de voluntarios o la participación en hostilidades. La elevación hasta esa edad es particularmente importante en países pobres donde no existen partidas de nacimiento, por lo cual resulta difícil acreditar la edad de un niño. Por último, es preciso subrayar que la mayor parte de los niños, y no sólo los soldados, son una de las víctimas preferentes de los conflictos actuales, pues su vulnerabilidad físiológica y su dependencia económica y afectiva respecto a los adultos les hacen particularmente propensos a la malnutrición, las epidemias y las calamidades que acompañan a las migraciones forzosas. Como un medio de aliviar el impacto de las guerras sobre los niños y garantizar sus derechos, la UNICEF ha puesto en práctica en varios países, desde su inicio en El Salvador en 1985, la iniciativa denominada Zonas amigas de los niños. Ésta consiste en el establecimiento, mediante negociación con las partes contendientes, de medidas como pueden ser corredores de paz, días de alto el fuego o de zonas de seguridad delimitadas libres del conflicto donde se garantizan unas atenciones básicas a los niños (UNICEF, 1996:34). M.E. y K. P. Bibliografía
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