http://dicc.hegoa.efaber.net
Programa de ajuste estructuralPatxi ZabaloConjunto de medidas de política económica basadas en la austeridad y en la liberalización de la economía para posibilitar el saneamiento financiero y un futuro crecimiento económico. Normalmente, un Programa de Ajuste Estructural (PAE) es la condición impuesta por el fmi y/o el banco mundial a un país para otorgarle respaldo financiero destinado a afrontar un grave problema de pagos internacionales. Se trata de una receta única y de pretendida validez universal que se aplica con independencia de la situación particular de cada país. A ella se han sometido más de 90 países del Sur y del Este durante las dos últimas décadas del siglo XX, lo que da una idea de su importancia. Los PAE surgieron a comienzos de los años 80, como respuesta de las instituciones de Bretton Woods a la crisis de la deuda externa del tercer mundo, y luego se extendieron a los países del Este tras la debacle de las economías del bloque soviético. Los PAE obedecen a una concepción extremadamente ortodoxa de la política económica, que años más tarde sería bautizada por sus propios impulsores como el consenso de Washington, pretendiendo dar a entender su universal aceptación por parte de los expertos en desarrollo económico. Sin embargo, esto no era cierto, pues desde el principio surgieron voces críticas que denunciaron los terribles efectos económicos y sociales que acompañaban a la puesta en marcha de los PAE, si bien pasaron muchos años antes de que se les hiciera algún caso, dada la hegemonía del “pensamiento único” neoliberal en esta época. 1) La lógica del ajuste: política de estabilización y reformas estructurales Los programas de ajuste estructural comprenden medidas estabilizadoras, que reducen la demanda, y medidas estructurales, que actúan sobre la oferta (Toussaint, 1998:137-160). La política de estabilización intenta corregir lo que se consideran excesivos déficit de los presupuestos públicos y de la balanza de pagos, debidos a una demanda superior a la oferta del país. El retorno al equilibrio, concepto básico de la ortodoxia económica, se conseguirá mediante una política de reducción enérgica de la demanda, que ajuste el consumo interno del país a su capacidad de producción. Esta intervención macroeconómica debe dar sus frutos en el corto plazo (uno o dos años), utilizando instrumentos de política monetaria y presupuestaria. Se trata en definitiva de un verdadero plan de austeridad, de un ajuste recesivo, que conduce a una interrupción o incluso a una caída en el crecimiento del producto nacional. Por su parte, las políticas estructurales buscan adaptar las condiciones de la oferta de la economía, de manera que posibiliten un crecimiento económico a medio o largo plazo. Dentro de la ortodoxia neoliberal, la mejor forma de estimular el crecimiento de la producción interna es favorecer el libre juego del mercado, permitiendo que la iniciativa privada asigne los recursos donde encuentre mejores perspectivas de beneficio. Se tratará, por tanto, de liberalizar la economía, abrirla al exterior y disminuir la presencia del sector público. Estabilización y reformas estructurales pueden, teóricamente al menos, ser fases sucesivas de un programa de ajuste estructural o actuar simultáneamente. Pero en cualquier caso son elementos complementarios, de modo que, en la visión ortodoxa que domina las instituciones de Bretton Woods, los inevitables sacrificios que impone la estabilización se verán recompensados por un mayor crecimiento en el marco de una economía saneada. Es decir, tras la purga presente y palpable que supone el plan de austeridad (ya que antes se ha vivido “por encima de las posibilidades”), el ajuste estructural posiblemente traerá en un futuro más o menos cercano un producto mayor (lo que, de ser cierto, no implica que su distribución sea más equitativa). Para reducir bruscamente la demanda se utilizan prioritariamente instrumentos de política monetaria y presupuestaria. En cuanto a la primera, se restringe la oferta monetaria interna, contrayendo el crédito para evitar presiones inflacionarias. En materia presupuestaria, a fin de disminuir el déficit público, se actúa contundentemente para reducir el gasto público corriente sea éste de personal (mediante despidos y rebajas salariales), de funcionamiento (sanidad, educación…), subvenciones al consumo de bienes esenciales (pan, transporte colectivo…), o subvenciones de explotación a las empresas públicas. Y aunque no es en principio lo recomendado, también suele reducirse el gasto público en inversión para poder alcanzar los objetivos previstos. Del lado del ingreso se deberían tomar medidas que lo aumentaran, mejorando la eficacia recaudadora o reformando el sistema impositivo, pero sus efectos a corto plazo son mucho menos visibles. Por ello, el ajuste presupuestario descansa normalmente en el lado del gasto. Para estimular y reorientar la oferta, el conjunto de medidas es muy amplio y variado según el país de que se trate, pero la gama de instrumentos utilizados se parece mucho en todos los casos. El tipo de cambio debe adaptarse a las condiciones de mercado, lo que supone la devaluación de la moneda nacional. El régimen de intercambios exteriores debe liberalizarse, es decir, abrir el mercado interno a la competencia internacional eliminando las barreras a la importación, al tiempo que se suprimen las subvenciones e impuestos a la exportación. Así, el sistema de precios interno se aproximará al del mercado mundial, desapareciendo las producciones no competitivas y reorientándose los recursos hacia los sectores exportadores más rentables. Además, debe reestructurarse el sector público, lo que se traduce normalmente en la privatización de las empresas potencialmente rentables y el desmantelamiento de otras. También hay que suprimir las trabas institucionales y administrativas que dificultan la inversión privada, esto es, flexibilizar el mercado de trabajo, reducir las cotizaciones empresariales, etc. Todo ello acompañado de medidas que faciliten la inversión extranjera, tales como la liberalización de los movimientos de capitales. En definitiva, liberalización interna y retorno a las leyes del mercado, junto con apertura al mercado mundial y liberalización externa: con ello se estimulará la mejor asignación posible de los recursos productivos. 2) Los verdaderos objetivos y resultados de los PAE Visto de otro modo, un programa de ajuste estructural del FMI y/o del Banco Mundial trata de conseguir el generar los excedentes en divisas necesarios para que el país pague el servicio de su deuda externa. Para eso, la política de contracción de la demanda contribuye a reducir las importaciones, y la reorientación de la producción hacia la exportación posibilita la obtención de excedentes en la balanza comercial. Además, todos los elementos desreguladores facilitan el acceso al mercado de ese país por parte de las empresas de los países desarrollados, bien sea mediante la exportación de sus productos, bien sea mediante la inversión directa y consiguiente instalación en el país, por la vía de las privatizaciones o al margen de ella. Es decir, los programas de ajuste estructural favorecen los intereses de las empresas multinacionales y bancos del Norte, lo que no debe sorprender cuando se tiene en cuenta quién controla las instituciones de Bretton Woods. Los programas de ajuste estructural han sido objeto de muy variadas críticas por los efectos que producen sobre las economías en las que se vienen aplicando. Hay un tipo de crítica radical que cuestiona su propia existencia, negando a los organismos externos legitimidad alguna para condicionar la política económica de países soberanos. Otras críticas importantes a los programas de ajuste han venido de instituciones internacionales como unicef o la oit, que, sin cuestionar la necesidad de las reformas estructurales y que éstas requieren una asistencia técnica y financiera internacional, discrepan con el FMI y el Banco Mundial sobre los objetivos prioritarios y los medios que se deben utilizar. En efecto, ya en 1987 se publicó un estudio encargado por UNICEF bajo el significativo título de Ajuste con rostro humano, con la loable intención de promover el crecimiento, protegiendo a los vulnerables (Cornia et al., 1987). Este libro contiene una crítica demoledora sobre los efectos negativos que los programas de ajuste estructural tienen sobre los más débiles (pobres, mujeres, niños y ancianos). El estudio de UNICEF sostiene que el ajuste no restablece el crecimiento, y que es imprescindible incorporar la dimensión humana (protección de los más débiles, nutrición, salud) como un objetivo explícito del ajuste. Sostiene también que, frente al ajuste recesivo en el Sur, se impone realizar cambios que conduzcan a un suficiente nivel de vida, de inversión y de protección de las necesidades humanas, así como que el ajuste debe darse también en los países desarrollados y en el sistema internacional. Se insiste igualmente en que el ajuste debe adaptarse a cada caso concreto, puesto que no existe una receta única, como habitualmente dan a entender el FMI y el Banco Mundial. Numerosas investigaciones posteriores han reforzado esas críticas, subrayando la primacía del bienestar de las personas sobre los posibles beneficios futuros de un brutal ajuste macroeconómico, que se aplica a modo de receta universal sin tener en cuenta las circunstancias específicas de cada país. Y sin extraer, además, las lecciones que derivan de las políticas de desarrollo aplicadas por varios países del Sudeste asiático durante el último cuarto de siglo, cuyo indiscutible éxito contrasta con los resultados del ajuste estructural y se basa en recetas bien distintas a la preconizada por las instituciones de Bretton Woods (Watkins, 1999). Sin embargo, esas críticas apenas han hecho mella en la práctica de ambas instituciones, aunque, a diferencia del FMI, que apenas ha cambiado su discurso, desde principios de los años 90 el Banco Mundial ha suavizado un poco el enfoque neoliberal más radical de los 80. Pero, en la práctica, ambas instituciones se vienen limitando a diseñar redes de protección social para proteger a grupos muy vulnerables de los perjuicios ocasionados por la aplicación de sus propios programas de ajuste. Por ello, los programas impuestos por el FMI y el Banco Mundial siguen contribuyendo a acentuar muchas de las repercusiones negativas que la asimetría de las relaciones internacionales provoca en las áreas periféricas de la economía mundial, ya que sus efectos están muy lejos de ser los pretendidos (Arrizabalo, 1997). En cuanto al crecimiento económico, en muchos casos han resultado un verdadero fracaso, como en el África Subsahariana o en el Este de Europa, y en otros la recuperación que se atisba no se asienta sobre bases sólidas. Esto se debe en gran medida a una de las grandes víctimas de estos programas: la inversión, juzgada imprescindible, siempre tiende a sucumbir a manos de la resolución de lo inmediato, el pago del servicio de la deuda externa. Dicho de otro modo, priman los intereses de los países desarrollados, que utilizan al FMI y al Banco Mundial para poder cobrar, sobre el crecimiento futuro de los subdesarrollados. Lo más grave es que, llegue o no llegue el crecimiento, los costes socioeconómicos, ecológicos e incluso políticos están garantizados. Los programas de ajuste acentúan las desigualdades distributivas, cebándose en los y las más vulnerables, y deterioran elementos esenciales de la vida humana, como son el acceso a la educación, la salud y el empleo. Al mismo tiempo agudizan la degradación del medio ambiente, al incentivar la sobreexplotación de los recursos naturales y dificultar la protección de los ecosistemas. Es decir, privilegian los intereses inmediatos de los poderosos del Norte frente a la perspectiva de un desarrollo humano y un desarrollo sostenible para el conjunto del planeta. P. Z. Bibliografía
Ver Otros
Bloques temáticos |