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Educación para todosMarlen EizagirreExpresión que hace referencia al objetivo de satisfacer el derecho humano de toda persona a la educación. El derecho a la educación es uno de los derechos humanos socioeconómicos, llamados de segunda generación, amparado por varios instrumentos jurídicos internacionales (ver derechos humanos: concepto y evolución). Fue reconocido ya 1948 en la declaración universal de los derechos humanos de Naciones Unidas, así como en el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales de 1966 (ver pactos internacionales de derechos humanos). Además, la Conferencia Mundial de Educación para Todos, celebrada en Tailandia en 1990, recordó este derecho. Tras ese reconocimiento, entre los años 50 y los 70 se registró una expansión de la escolaridad a nivel mundial, descendiendo las tasas de analfabetismo. En gran medida se debió a la conciencia de que la educación era un instrumento básico para el desarrollo, tanto a escala nacional (disponibilidad de recursos humanos para explotar los recursos, capacidad de adopción de nuevas tecnologías, etc.) como familiar (nuevas posibilidades de empleo e ingresos, mejora de las capacidades sociales y materiales de los grupos vulnerables). La educación formal, además, era una herramienta esencial para generar una conciencia nacional común en los países que iban alcanzando la independencia en esas décadas; al tiempo que, en el caso de los países en desarrollo de orientación socialista, servía para movilizar al pueblo como actor de procesos revolucionarios y para construir una sociedad sobre bases diferentes a las tradicionales. Por el contrario, los años 80 y buena parte de los 90 han registrado un freno de esa tendencia, e incluso un retroceso en muchos casos. El acceso a la educación por parte de los sectores pobres se ha reducido, y la falta de recursos ha motivado un deterioro de la calidad de la educación. Los principales motivos han sido la crisis económica afrontada por muchos países en desarrollo y el impacto de los programas de ajuste estructural de sus economías, que han forzado a una reducción del presupuesto nacional para educación y han incrementado las tasas de pobreza. En este contexto, se ha asistido a un retroceso de la educación pública y a una privatización de la misma, de modo que una parte creciente de sus costes ha pasado a recaer en instituciones no estatales, las comunidades o las familias, si bien muchas de estas últimas no pueden afrontar tales gastos. Otro motivo del retroceso de la educación en algunos países han sido los conflictos civiles, tanto por la desestructuración social y las migraciones forzosas de población que provocan, como porque a veces las propias escuelas y maestros han sido objetivo militar: por ejemplo, estas razones provocaron durante los años 80 la paralización de aproximadamente la mitad de las escuelas de Mozambique. A finales de los 90, el banco mundial y la unesco estimaban que, además de existir unos 872 millones de adultos analfabetos, más de 125 millones de niños entre seis y once años en todo el mundo no acudían a la escuela, de los cuales un 90% viven en los países más pobres y un 60% son niñas. Además, otros 150 millones abandonan la escuela antes de completar su formación básica (Graham-Brown, 1991). En general, se trata de niños pobres, que tienen que trabajar para completar los ingresos familiares (ver trabajo infantil), o incluso de niños de la calle. En este contexto y a la vista de la experiencia de las últimas décadas, ha surgido una nueva comprensión en torno al papel que puede desempeñar la educación. Si tiempo atrás la educación era vista como la clave para abrir paso al desarrollo, hoy su papel se ve de forma más matizada, pues se entiende que está condicionado a que se afronten otros problemas de la estructura socioeconómica. Tanto la Conferencia de Educación para Todos (Tailandia, 1990), como la Cumbre Mundial de Desarrollo Social (Copenhague, 1995), establecieron una serie de objetivos relativos a la educación universal, que no se han cumplido. En Tailandia se fijó la meta de alcanzar para el 2015 la educación primaria para todos, en tanto que en Copenhague se ratificó aquélla y, para su consecución, se aprobaron también dos objetivos intermedios para el año 2000: lograr la finalización de la educación primaria para el 80%, como mínimo, de los niños en edad escolar; y lograr el acceso universal a la enseñanza básica de los niños en edad escolar. Sin embargo, de seguir las tendencias actuales, el acceso de la educación para todos tampoco se logrará para el año 2015. Avanzar hacia este objetivo requeriría una mejora en los índices de pobreza, así como que los gobiernos concedieran una mayor prioridad política y presupuestaria a la educación. Se ha estimado que sólo serían necesarios unos 8.000 millones de dólares más al año, cantidad inferior al gasto militar mundial de cuatro días, para conseguir la educación primaria universal y gratuita en el año 2015. Pero también requeriría un mayor compromiso por parte de la comunidad de donantes. En efecto, de la ayuda al desarrollo de los países de la OCDE (ver cad) en 1996, sólo el 11% se destinó a servicios sociales básicos (educación básica, entre otros). A su vez, de los 600 millones destinados a educación, sólo el 12% fue a la educación básica (es decir, preescolar, primaria y para adultos analfabetos), yendo la mayor parte a la universitaria. Además, la orientación geográfica de la ayuda a la educación no responde a criterios de necesidad, pues más de la mitad va a países donde la educación primaria llega a la mayoría (China, Israel, Corea del Sur, Turquía, etc.), mientras que sólo un tercio es recibida por países con una escolarización primaria por debajo del 50% (Michel, 1999). Por su parte, diversas ONG han comenzado una campaña internacional que, bajo el lema “Educación ahora: rompamos el círculo de la pobreza”, quiere presionar a los gobiernos y agencias internacionales para que adopten medidas urgentes para posibilitar la educación básica para todos. La organización Oxfam (1998), que lidera la campaña, ha realizado un amplio estudio sobre la situación actual de la pobreza en el mundo, en el que propone además un programa de acción a fin de alcanzar dicha meta para el 2015. Igualmente, ha desarrolado una nueva herramienta de análisis de la situación educativa de los países en desarrollo: el Índice de Desarrollo Educativo (IDE). Éste refleja la diferencia que separa al país de la situación ideal, en base a la media obtenida a partir de tres tipos de datos, relativos a la matriculación escolar, la conclusión de estudios y la igualdad entre sexos. Así, los países con un IDE más bajo son los que presentan mejores resultados, mientras que los que presentan un porcentaje medio superior al 33% se entiende que sufren una privación extrema. M. E. Bibliografía
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